(Doce diarios catalanes — La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre,
Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari
de Terrassa—publican un editorial titulado ‘La dignidad de Catalunya’ para pedir al
Tribunal Constitucional que respete el nuevo Estatut.)
La dignidad de Catalunya.
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Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han
dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a
punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006
por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las
Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum
y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la
restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley
fundamental refrendada por los electores.
La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia
de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como
una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la
voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación
inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce
magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de
ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada
a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.
De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento
de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición
sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez
Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya
que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es
la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al
tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí
mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.
La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente
emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2,
una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la
lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el
Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a
tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece
estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro
que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra
de toque de la sentencia.
No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez
democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel
artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo
posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar
madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero
cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no
es otra que su carácter abierto e integrador.
El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito
interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se
reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El
Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es
decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el
cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones,
educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y
confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del
viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta
años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible
recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana:
Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.
Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que
preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes
siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y
tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada
e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral);
contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la
internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado;
hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la
Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a
obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin
renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes
piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal
Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre
manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo
europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso
concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a
recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya
actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las
desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a
asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace
negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya
pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la
obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las
infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un
amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a
articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.
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